Oro ilegal peruano superará al legal en 2026
El IPE proyecta 110-120 toneladas de exportación ilícita, 52-55% del volumen total.
La exportación de oro de origen ilegal en Perú superó a la legal en el primer semestre de 2026 y cerrará el año por encima del canal formal. El Instituto Peruano de Economía (IPE) proyecta despachos ilícitos de 110 a 120 toneladas a diciembre, equivalentes al 52-55% del volumen total exportado por el país.
En el primer semestre, los envíos ilegales crecieron 19,4% y los legales cayeron 5,9%. La producción ilícita superó a la formal por 8,7 toneladas, con el 54% del volumen total. El precio promedio del oro en 2026 fue de US$ 4.500/oz, un alza de 44% interanual; JP Morgan proyecta una media anual de US$ 4.545/oz, el doble del promedio de los últimos cinco años.
El valor monetario del oro ilegal exportado se ubicará entre US$ 16.000 y 18.000 millones, un 39% más que los US$ 11.500 millones de 2025 y casi nueve veces el registro de hace una década. La minería ilegal se consolida como la principal economía ilícita del país, duplicando en escala al resto de las actividades fuera de la ley.
El IPE atribuye el avance al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Desde 2016, solo el 2% de los inscritos completó el proceso. El mecanismo exime de responsabilidad penal y fue prorrogado cinco veces; el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no descarta extenderlo más allá de diciembre de 2026.
El avance ilícito afecta operaciones en marcha como Poderosa en La Libertad y Las Bambas en Apurímac, y compromete proyectos en cartera como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. Las inversiones formales en riesgo superan los US$ 12.000 millones, según el informe.
Gremios y especialistas plantean fiscalización técnica, trazabilidad del mineral e interdicción. El Ejecutivo peruano pidió al Congreso facultades legislativas para modificar la normativa de formalización y enviará un proyecto de ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
fuente: Mining Press
El avance del oro ilegal peruano presiona la trazabilidad de concentrados y doré en la región andina y condiciona el abastecimiento formal a refinerías y mercados que exigen origen certificado.
El Congreso peruano definirá las facultades legislativas para modificar el Reinfo y tratará el proyecto de ley MAPE antes de diciembre de 2026.