Vicuña se adhiere al RIGI

El Gobierno formalizó la adhesión del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según confirmó la Secretaría de Minería. El proyecto, ubicado en la provincia de San Juan, es uno de los desarrollos de cobre más relevantes del país, con una inversión estimada en más de 4.000 millones de dólares. La medida otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, condiciones que buscan atraer capital extranjero en un contexto de alta demanda global de cobre.

Vicuña es un distrito minero compartido con Chile, donde operan empresas como Lundin Mining y la estatal chilena Codelco. En el lado argentino, el proyecto integra los depósitos de Josemaría y Los Helados, entre otros, que en conjunto podrían producir más de 200.000 toneladas de cobre anuales. La formalización del RIGI para Vicuña se da en el marco de la estrategia oficial para impulsar la minería metalífera, que busca diversificar la matriz exportadora del país más allá de los hidrocarburos.

El RIGI, creado por la Ley de Bases, establece beneficios impositivos y cambiarios para proyectos de gran envergadura. Hasta ahora, el régimen había sido utilizado principalmente por empresas del sector oil & gas, como YPF y PAE, para proyectos en Vaca Muerta. La inclusión de Vicuña marca un hito para la minería del cobre, que hasta el momento no había logrado acceder a estas ventajas.

La decisión se conoce en un momento en que el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ronda los 9.500 dólares por tonelada, impulsado por la transición energética y la electrificación del transporte. Argentina, que actualmente no produce cobre a escala comercial, busca posicionarse como proveedor estratégico en la próxima década. Sin embargo, el desarrollo de Vicuña enfrenta desafíos: la falta de infraestructura en la zona cordillerana y la necesidad de permisos ambientales y comunitarios.

El proyecto Vicuña podría generar alrededor de 10.000 empleos directos e indirectos durante su construcción y operación, y aportar divisas por más de 2.000 millones de dólares anuales en concepto de exportaciones. Las provincias de San Juan y Catamarca, donde se extiende el distrito, serían las principales beneficiarias de la actividad.

La formalización de la adhesión implica que el proyecto podrá avanzar en su fase de factibilidad y estudios de impacto ambiental con un marco regulatorio claro. Se espera que las primeras decisiones de inversión se tomen en los próximos 18 meses, aunque los plazos dependen de la evolución del mercado y de la obtención de permisos.

fuente: Mining Press